El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante el anuncio. Imagen: captura vídeo Moncloa.
El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que establece la obligatoriedad de la factura electrónica entre empresas y profesionales, dando un paso decisivo en el desarrollo de la Ley Crea y Crece y en la digitalización del tejido empresarial en España.
La medida introduce el uso generalizado de la factura electrónica en operaciones B2B con el objetivo de reducir la morosidad, mejorar el control de los pagos y simplificar los procesos administrativos. Según los datos del Ejecutivo, el periodo medio de pago en España se sitúa en torno a los 80 días, por encima de los 60 días fijados por la normativa europea, lo que supone un freno para la competitividad empresarial.
El nuevo sistema permitirá registrar electrónicamente todo el ciclo de vida de la factura —desde su emisión hasta su pago—, incluyendo la obligación de informar sobre su aceptación y la fecha de abono efectivo. Esta trazabilidad completa facilitará tanto el control por parte de las empresas como la supervisión del cumplimiento de los plazos de pago por parte de la Administración.
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El real decreto define la factura electrónica como un fichero estructurado de lectura automatizada, lo que supone superar formatos tradicionales como el PDF o el papel. Esta estandarización permitirá una mayor integración con los sistemas contables y de gestión empresarial, eliminando tareas manuales como la introducción de datos y reduciendo errores.
Las empresas podrán intercambiar facturas a través de plataformas privadas —que deberán estar interconectadas— o mediante una solución pública gratuita que desarrollará la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Esta plataforma estará disponible para cualquier empresa o profesional, incluidos autónomos con bajo volumen de facturación.
Uno de los objetivos principales de la medida es reducir la carga administrativa y generar ahorros operativos. Actualmente, en España se intercambian más de 550 millones de facturas electrónicas al año, lo que ya ha permitido ahorros estimados superiores a 2.700 millones de euros. A futuro, si se alcanzan niveles similares a los de Italia —donde se gestionan más de 2.000 millones de facturas electrónicas anuales—, el ahorro podría superar los 8.000 millones de euros.
La implantación del sistema será progresiva. Las empresas con una facturación superior a 8 millones de euros dispondrán de un plazo de un año para adaptarse, mientras que el resto contará con dos años. Estos plazos comenzarán a contar a partir de la publicación de la orden ministerial que regulará los aspectos técnicos de la plataforma pública, prevista antes del 1 de julio de 2026.
El real decreto también se enmarca en la estrategia europea de digitalización del IVA y busca reforzar la posición de las pymes, facilitando un mayor control sobre sus cobros y pagos y reduciendo las asimetrías frente a grandes empresas.
Con esta medida, España avanza hacia un modelo de gestión empresarial más digitalizado, con mayor automatización de procesos y una mejora en la eficiencia operativa y financiera de las organizaciones.
